Cada 1 de mayo hablamos de trabajo. De dignidad, de oportunidades, de futuro. Pero para miles de Personas en Situación de Discapacidad en Chile, ese futuro sigue estancado.
Lo digo como director de Fundación Wazú y sin eufemismos: el derecho al trabajo no está garantizado para las Personas en Situación de Discapacidad en Chile, está condicionado. Hoy depende más de la voluntad de cada empresa que de la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley.
Chile tiene una Ley de Inclusión Laboral con un diseño razonablemente robusto. El problema no es la norma. El problema es que solo 1 de cada 4 empresas la cumple. Cuando uno se detiene en esa cifra, la conclusión es difícil de esquivar: si seguimos a este ritmo, el cumplimiento total podría tardar hasta 28 años. Una generación completa. No es una metáfora: es una proyección
No estamos partiendo de cero. El Estado tiene las herramientas para construir un sistema de fiscalización efectivo: el cruce de datos entre la AFC, la Dirección del Trabajo, las mutualidades y el Servicio de Impuestos Internos permitiría identificar con precisión a las empresas que no cumplen.
No es un desafío técnico. Es una decisión política que el Estado aún no ha tomado.
Si a eso se le agrega un sistema de multas proporcional, el impacto puede ser significativo. Las estimaciones que hemos realizado desde Fundación Wazú señalan que la recaudación por incumplimiento podría alcanzar los $181.460 millones de pesos.
Creemos necesario recuperar esos recursos para reinvertirlos en instancias de apoyo directo, como las ayudas técnicas: sillas de ruedas, prótesis, dispositivos auditivos, entre otras. En 2025, el presupuesto disponible permitió cubrir apenas 7.535 personas, muy por debajo de la demanda existente. Lo que eso significa, en términos concretos, es que personas en situación de discapacidad compiten entre sí por acceder a derechos que deberían ser garantías.
Esta desconexión entre la normativa y las condiciones reales genera un círculo que se retroalimenta: sin empleo hay mayor dependencia, y con mayor dependencia se profundizan las desigualdades. Los datos lo confirman: las personas en situación de discapacidad perciben, en promedio, alrededor de un 20% menos ingresos y enfrentan mayores costos de vida. Según la Encuesta CASEN, la pobreza multidimensional en este grupo alcanza un 27,4%, sin mejoras recientes, evidenciando una brecha persistente.
Esto no es solo un problema de justicia social. Es también un problema económico. Diversos organismos internacionales han estimado que los países en desarrollo pierden entre 3 y 7 puntos del PIB por no integrar plenamente a las personas con discapacidad. La exclusión tiene un costo, y ese costo lo pagamos todas y todos.
Chile tiene hoy una oportunidad concreta. No necesita una nueva ley: necesita hacer funcionar la que ya existe. Fiscalizar de manera efectiva, aplicar sanciones que incidan en el comportamiento real de las empresas, y reinvertir esos recursos en accesibilidad y ayudas técnicas. En el Día del Trabajador, la pregunta no es si creemos en el derecho al trabajo. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo efectivo para todas las personas.
