En el ámbito de la inclusión abundan los conceptos y las siglas. Para gran parte de la ciudadanía, e incluso para algunos espacios institucionales, debates como elegir entre Persona con Discapacidad (PcD) o Persona en Situación de Discapacidad (PeSD) pueden parecer asunto de nicho, un mero tecnicismo académico o simple corrección política. Sin embargo, en el mundo de la gestión pública, la forma en que denominamos «algo» determina directamente cómo el Estado diseña sus soluciones y dónde invierte sus recursos.
El término PcD, respaldado históricamente por la Convención de la ONU, significó en su momento un avance crucial, porque instaló un principio básico: poner a la persona antes que a su diagnóstico médico. Pero a medida que avanzamos hacia la exigencia de una autonomía plena, este enfoque comienza a mostrarnos sus límites en el diseño de las políticas públicas locales, ¿por qué?
Cuando utilizamos la sigla PeSD e incorporamos el concepto de «situación de», se produce un giro político y administrativo profundo. El foco de atención se desplaza inmediatamente desde el cuerpo o las capacidades del individuo hacia las características del entorno que lo rodea.
Bajo este modelo social, si una persona usuaria de silla de ruedas no puede ingresar a una oficina municipal o subirse al transporte público, la discapacidad no reside en su diagnóstico médico, sino en el diseño deficiente del edificio o del servicio que administra el Estado. Es el entorno el que genera la situación de discapacidad, no el individuo.
Este cambio de paradigma saca la responsabilidad de la inclusión de los hombros de la persona y la traslada directamente a la gestión estatal. Ya no se trata de diseñar políticas asistenciales para «ayudar» a que una persona se adapte como pueda a un mundo hostil, sino de exigir un diseño universal que elimine las barreras arquitectónicas, de transporte y de información.
La autonomía y la representación plena no se consiguen entregando soluciones individuales a problemas que son estructurales. Modificar nuestro vocabulario es también el primer paso para transformar la gestión pública, pasando de la asistencia a la accesibilidad universal y garantizando que el Estado asuma su rol como constructor de entornos verdaderamente democráticos y accesibles.
