A veces hay preguntas que parecen abiertas, incluso progresistas, pero que en realidad vienen cargadas desde su origen. “¿La sexualidad de las personas con discapacidad debería ser un derecho?” es una de ellas. Y lo es no por el contenido explícito de la pregunta, sino por lo que presupone: que hay cuerpos y deseos,cuya sexualidades necesitan ser justificadas para existir.
La pregunta parece situarse en un terreno neutral, como si estuviéramos debatiendo algo pendiente de definición. Pero en realidad instala una duda de base profundamente capacitista: si la sexualidad de ciertas personas es o no algo garantizable. Y ahí aparece la trampa, porque esa misma pregunta no se formula respecto de las personas sin discapacidad. Su sexualidad no se problematiza, no se somete a debate y no se convierte en objeto de vigilancia. Simplemente se asume como obvia.
En ese sentido, la pregunta no es ingenua. Es reveladora. Expone desde dónde se enuncia: desde un círculo de privilegio que no necesita interrogar su propia legitimidad, porque su experiencia de deseo ya está reconocida como válida, natural y esperable. Un círculo donde la sexualidad puede vivirse como privada, autónoma e incuestionada.
Ese desplazamiento no es inocente. Es una forma de violencia estructural donde se encuentran el capacitismo, el cuerdismo, la regulación del deseo y la infantilización de ciertos cuerpos. En este marco, algunas personas son leídas como naturalmente deseantes, mientras otras deben demostrar que sienten, que desean, que pueden consentir, que pueden vincularse y que pueden existir en la intimidad sin supervisión constante o mediación institucional.
Lo que se juega aquí no es únicamente la discapacidad, sino un sistema más amplio que jerarquiza cuerpos, cogniciones, orientaciones y maneras de habitar el mundo. Un sistema que decide qué sexualidades son visibles, legítimas y esperables, y cuáles deben ser explicadas, autorizadas o justificadas para ser reconocidas como reales.
Por eso la incomodidad no reside en la sexualidad de las personas con discapacidad, sino en la dificultad social para sostener su existencia sin condiciones. Como si hubiera sexualidades separadas, esencialmente distintas, cuando en realidad hay una sola experiencia humana del deseo, múltiple, encarnada y diversa, que se expresa de distintas formas pero comparte la misma dignidad.
Nombrar la sexualidad como derecho puede ser estratégico en contextos donde aún se niega su existencia. Sin embargo, también puede quedarse corto si no cuestiona lo que la propia pregunta revela: la persistente necesidad de justificar lo obvio en algunos cuerpos.
Quizás el problema no es responder si la sexualidad de las personas con discapacidad debería ser un derecho. Quizás el problema es que todavía tengamos que preguntarlo. Porque esa pregunta no habla sólo de derechos: habla de privilegios, de normas y de quién sigue teniendo que demostrar que su deseo es válido.
