Durante décadas se pensó la discapacidad como algo que reside en el cuerpo o en la mente: un diagnóstico, un déficit, algo que tratar. El modelo social, impulsado por el activismo de las propias personas en situación de discapacidad, desplazó esa mirada: la discapacidad emerge de la relación entre una persona y un entorno que no fue pensado para ella. Si eso es cierto, la pregunta ya no es solo qué puede hacer alguien, sino qué le permite o le impide hacer la ciudad que habita.
Chile tiene leyes de inclusión, pero la vida cotidiana sigue tropezando con veredas, transporte y diseños urbanos que restringen la autonomía. Y cuando hablamos de accesibilidad solemos pensar en rampas y ascensores, es decir, en movilidad reducida. Las personas con discapacidad intelectual quedan casi fuera de esa conversación, aunque la evidencia nacional muestra que su participación social choca con el transporte, con las exigencias cognitivas del entorno y con las actitudes de los demás.
Si además son mujeres, la exclusión se agrava. Tienden a ser más infantilizadas, sobreprotegidas y estigmatizadas que los hombres con la misma condición; se les niega la sexualidad y se las confina con más fuerza al espacio doméstico. No son dos desventajas que simplemente se suman: es una misma norma, la del cuerpo y la mente “correctos”, la que expulsa a mujeres y a personas con discapacidad del espacio público. Aun así, nuestras políticas de discapacidad siguen sin incorporar el género.
Observar cómo se mueven estas mujeres por la ciudad, por dónde van, con quién, qué lugares evitan, no es un detalle técnico: es una manera de ver cómo se reparte el derecho a la ciudad. La accesibilidad no es algo que una infraestructura tiene o no tiene; se produce en el encuentro entre materialidades, prácticas y personas. Por eso no basta con construir. Hay que escuchar a quienes rara vez son consultadas sobre cómo quieren habitar lo público.
