Cada año, Chile se une en torno a la Teletón. Familias, empresas, instituciones y ciudadanos se movilizan para aportar, colaborar y apoyar la rehabilitación de miles de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Esa solidaridad es valiosa y ha contribuido a instalar la discapacidad en la conversación pública.
Pero hay una pregunta que necesitamos hacernos como sociedad: ¿qué pasa con nuestro compromiso cuando llega el momento de contratar a una persona con discapacidad?
La rehabilitación es fundamental. Permite desarrollar habilidades, fortalecer la autonomía y abrir posibilidades. Sin embargo, el camino no puede terminar ahí. La inclusión también significa acceder a la educación, desarrollar una profesión, obtener ingresos propios y construir un proyecto de vida.
Los datos muestran que esta brecha no es solo una percepción.
El Informe del estado de cumplimiento de la cuota de contratación de la Ley n.º 21.015, publicado en agosto de 2026, revela que, durante 2025, solo el 44,4 % de las empresas e instituciones públicas obligadas cumplió con la cuota legal de contratación directa de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. En otras palabras, menos de la mitad de las entidades obligadas alcanzó el cumplimiento exigido. El resultado está muy por debajo del 80 % que establece la Ley n.º 21.690 como umbral para habilitar el aumento de la cuota legal del 1 % al 2 %.
En el sector privado, de las 7.829 empresas obligadas, solo 3.474 cumplieron, considerando contratos validados. Además, el informe señala que un 45,7 % de las empresas obligadas no registró contratos que permitieran cumplir la cuota y que otro 9,9 % declaró contratos que no contaban con validación administrativa suficiente para ser considerados como cumplimiento efectivo.
En el sector público, la situación tampoco está resuelta: solo 209 de las 469 instituciones obligadas alcanzaron la cuota, equivalente al 44,6 %. Otras 260 instituciones obligadas no cumplieron y 72 no entregaron información que permitiera determinar su situación.
Estas cifras no describen por sí solas toda la realidad del empleo de las personas con discapacidad en Chile, pero sí muestran una brecha concreta entre las obligaciones legales y su cumplimiento efectivo.
Tenemos una ley, pero todavía no conseguimos que la inclusión laboral sea una realidad para todas las personas a las que se busca proteger.
Entonces, ¿qué nos falta?
Nos falta comprender que la inclusión laboral no es un acto de caridad o solidaridad como las donaciones para una rehabilitación. Es un derecho. No se trata de contratar a alguien para cumplir una cuota ni de hacer un favor. Se trata de reconocer el talento, las competencias y el aporte que una persona puede realizar, garantizando las condiciones y los ajustes que sean necesarios.
También necesitamos que las obligaciones legales se cumplan. La fiscalización efectiva importa porque una normativa sin mecanismos adecuados de seguimiento y cumplimiento corre el riesgo de quedarse en una declaración de buenas intenciones. Necesitamos instituciones que verifiquen las obligaciones, empresas que asuman sus responsabilidades y procedimientos que permitan identificar y corregir los incumplimientos.
Pero el desafío no termina en fiscalizar. También debemos revisar los procesos de selección, eliminar barreras de accesibilidad, promover ajustes razonables y asegurar que las personas con discapacidad no solo ingresen a un empleo, sino que puedan desarrollarse y permanecer en él.
Y aquí aparece una responsabilidad que va más allá de las empresas y del Estado: la nuestra como sociedad.
Quizás hemos aprendido a asociar la solidaridad con aportar dinero, participar en una campaña o emocionarnos frente a una historia de superación. Pero el compromiso con la inclusión también se expresa en decisiones cotidianas: a quién entrevistamos, a quién contratamos, a quién promovemos y a quién le damos la oportunidad de demostrar lo que sabe hacer.
No se trata de cuestionar la solidaridad que representa la Teletón. Al contrario, se trata de preguntarnos cómo podemos llevar ese compromiso todavía más lejos. Si somos capaces de unirnos para apoyar la rehabilitación, también deberíamos ser capaces de unirnos para construir una sociedad en la que las personas con discapacidad puedan estudiar, trabajar, desarrollarse y participar plenamente.
La rehabilitación puede abrir posibilidades, pero esas posibilidades necesitan encontrar espacio en la educación, en el mundo laboral y en la sociedad.
Desde Fundación Wazú creemos que el desafío es pasar de una inclusión entendida como buena voluntad a una inclusión que se traduzca en derechos, oportunidades y cambios concretos. Por eso impulsamos la colaboración entre organizaciones, instituciones públicas, empresas y sociedad civil para fortalecer la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, mejorar la fiscalización y abordar las barreras que siguen excluyendo a tantas personas.
El informe de cumplimiento nos plantea una tarea urgente: no basta con que las empresas declaren sus compromisos ni con que las instituciones registren políticas de inclusión. Necesitamos resultados verificables. Necesitamos que las obligaciones se traduzcan en contrataciones efectivas y que las oportunidades de empleo no dependan únicamente de la voluntad de cada organización.
Porque una sociedad inclusiva no se mide únicamente por cómo acompaña a una persona cuando necesita apoyo, sino también por las oportunidades que le ofrece para construir su propio futuro.
