Las personas con discapacidad tenemos el derecho de participar en el mundo laboral y en Chile hay un marco normativo que lo reconoce. Sin embargo, del dicho al hecho hay bastante trecho aún.
Los datos muestran que esta situación no es accidental, la tasa de ocupación de quienes viven con discapacidad llega al 32%, frente al 56,7% de la población general.
Como directora ejecutiva de Fundación Wazú, he podido palpar dicha realidad desde lo más profundo, considerando urgente avanzar desde el diagnóstico hacia decisiones concretas, pero ¿cómo? La fiscalización debe evaluar el resultado que la ley busca alcanzar y no solo el trámite. En simple: entre 2021 y 2026, el 79% de las multas registradas se relacionaron con la certificación del gestor o gestora de inclusión laboral, mientras solo el 21% se vinculó directamente con la cuota de contratación.
Chile necesita una fiscalización inteligente, basada en el cruce de información entre la Dirección del Trabajo, AFC, SII y otras fuentes pertinentes. También requiere sanciones proporcionales y reinversión en ayudas técnicas, accesibilidad e incentivos a la contratación, y desde las organizaciones podemos comenzar a ‘mover la aguja’
Por medio de una Mesa Técnica de Incidencia en Inclusión Laboral, que reunirá a entidades de personas con discapacidad, empresas, organismos públicos, municipios, academia y sociedad civil, buscaremos construir propuestas para mejorar la fiscalización, fortalecer la intermediación laboral y asegurar empleos sostenibles.
La exclusión laboral tiene consecuencias profundas: la evidencia internacional estima que puede representar una pérdida de entre 3% y 7% del Producto Interno Bruto (PIB) potencial. Y aunque es una referencia internacional- no una medición específica de Chile- permite dimensionar que la exclusión vulnera derechos y genera una pérdida social y económica significativa.
La inclusión no consiste solo en cumplir una cuota, sino que implica selección accesible, ajustes razonables, condiciones dignas, remuneraciones justas, capacitación, permanencia y desarrollo.
Desde Fundación Wazú creemos que Chile debe pasar de una inclusión declarada a una inclusión efectiva. No basta con nuevas normas o reportes administrativos: necesitamos fiscalizar resultados, aplicar sanciones proporcionales, reinvertir recursos en derechos y fortalecer la colaboración. La inclusión no es un favor ni una concesión: es un derecho.
