En mi trabajo como psicóloga acompañando a personas con discapacidad y a sus familias, hay una preocupación que aparece una y otra vez, especialmente en madres y padres mayores: ¿qué pasará con mi hijo o hija adulta cuando ya no esté para cuidarle?
Quienes han sostenido la protección durante décadas saben que no se trata solo del futuro afectivo o cotidiano. También existe una impotencia y temor concreto frente a los procesos burocráticos que el sistema exige para asegurar apoyos o tomar decisiones legales.
Los trámites como la renovación de la credencial de discapacidad, evaluaciones con distintos profesionales o procesos legales – como la interdicción – pueden convertirse en experiencias agotadoras. Para las familias, especialmente cuando los cuidadores ya son personas mayores, estos procedimientos implican reunir documentos, coordinar evaluaciones médicas y psicológicas, trasladarse entre distintas instituciones y comprender procesos legales que no siempre resultan claros. A esto se suma algo que pocas veces se menciona: la inversión económica.
En el caso de la interdicción, por ejemplo, el objetivo es establecer quién tomará decisiones legales por una persona que no puede hacerlo por sí misma. Sin embargo, en la práctica muchas familias viven este proceso con angustia. No solo se evalúa la situación de la persona con discapacidad; también aparece con fuerza la pregunta sobre el futuro y sobre quién podrá asumir ese rol cuando los padres ya no estén.
Afortunadamente algunas personas cuentan con redes de apoyo, como hermanos o familiares que podrían asumir ese rol de acompañamiento o tutela, pero no es la realidad de todas.
Muchas madres y padres mayores se preguntan, con preocupación, si sus hijos o hijas podrán vivir de forma más independiente, si tendrán la posibilidad de acceder a un hogar protegido, o incluso construir una vida en pareja.
Una sociedad realmente inclusiva avanza cuando se ve de manera integral, poniendo atención también en quienes han sostenido el cuidado durante toda una vida.
Reconocer el envejecimiento de las personas cuidadoras no es solo un desafío administrativo. Es, sobre todo, una cuestión de dignidad.
