Una mujer en situación de discapacidad denunció al Municipio de San Bernardo luego de que hiciera una solicitud de ajustes razonables para utilizar una ayuda técnica (monoaleta) para nadar en la piscina temperada, la que nunca fue respondida ni tampoco se adoptaron medidas a pesar de que se comprometieron a contestarle el 12 de mayo del presente año.
Ante esta situación, la afectada interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, solicitando la intervención judicial para resguardar los derechos que estimaba vulnerados, reconocidos en el artículo 19 de la Constitución.
Dicho requerimiento fue declarado inadmisible por parte del tribunal de alzada, estimando que la controversia excedía las materias que pueden resolverse mediante un recurso de protección, debido a que su conocimiento implicaría ejercer facultades que corresponden a los juzgados de policía local, conforme al artículo 57 de la Ley N.º 20.422.
Luego de esta decisión, la mujer presentó una apelación ante la Corte Suprema, solicitando que se revocara la inadmisibilidad y se ordenara tramitar el recurso.
Finalmente, la Corte Suprema revocó la resolución de la Corte de San Miguel y declaró admisible el recurso de protección presentado contra el municipio de San Bernardo, ordenando devolver los antecedentes al tribunal de alzada para que le diera la tramitación correspondiente, informó Diario Constitucional.
