El Presupuesto 2027 consolida la narrativa de J.A. Kast: ajustar el Estado prometiendo «gestión fiscal sostenible». Sin embargo, la contabilidad de SENADIS pulveriza su discurso y devela un experimento ideológico fallido al compararlo con la administración anterior.
En 2025, el gobierno pasado mantuvo un piso de $6.582 millones para Ayudas Técnicas. Pero en su debut de 2026, mediante el Decreto N°331, Hacienda asestó un tijeretazo de $1.135 millones a SENADIS para forzar su meta de déficit. Lo llamaron «ordenamiento». El desplome territorial fue brutal: a julio de 2026, Los Lagos registraba un gasto devengado de míseros $40 millones. Si una silla eléctrica cuesta $5 millones, esa billetera financió, con suerte, a quince familias sureñas.
Hoy, el proyecto de Presupuestos 2027 revela un forzado «pie atrás». La partida 24.09.001 restituye el programa a $6.715 millones, obligando al Ejecutivo a recuperar la base del gobierno anterior. El recorte de 2026 no fue «eficiencia», sino un error insostenible que asfixió la autonomía de miles de personas.
Los datos del Estado desnudan esta indolencia. Según ENDISC III, en Los Lagos viven 147 mil personas con discapacidad; casi el 40% requiere dispositivos. Con 58 mil habitantes necesitando apoyo, asistir a una quincena de familias es una burla a la demanda local.
Este violento «ensayo y error» fiscal convierte la Ley 20.422 en letra muerta. Sus artículos 28 y 58 exigen accesibilidad y destinan multas a inclusión municipal. ¿De qué sirven si el centralismo asfixia el presupuesto y Contraloría no contempla glosas para garantizar ese destino?
Es un cinismo que el Ejecutivo invoque la equidad intergeneracional, cuando su diseño contable financia la exclusión del presente. La eficiencia jamás paraliza vidas para cuadrar cajas.
