Desde el 2018 está vigente la Ley de Inclusión Laboral 21.015, la que promueve a las empresas públicas y privadas, que cuenten con más de 100 trabajadores, a que tengan 1% de Personas con Discapacidad (PcD) en su planilla.
Para cumplir con ella, existen tres formas: a través de la contratación de Personas con Discapacidad de forma directa y con dos medidas alternativas como Donaciones a Fundaciones de Inclusión Laboral, y la Subcontratación de servicios dados por Personas con Discapacidad.
En estos 8 años desde su promulgación se presentaron los siguientes avances:
- Ley 21.275: la que creó el cargo de Gestor de Inclusión
- Aumento de la cuota de contratación del 1% al 2%
A pesar de lo mencionado anteriormente, todavía hay empresas que no cumplen con la normativa, lo que se ha generado por la falta de fiscalización. “Si no es efectiva, cualquier ley —por buena que sea— corre el riesgo de transformarse en una declaración de intenciones. Hoy lo que vemos es justamente eso: empresas que cumplen parcialmente y otras que optan por medidas alternativas sin generar inclusión real”, declaró Peter Loch, director de Fundación Wazú.
Por su parte, Rodrigo Moreno, presidente de Fundación Sofan comentó en entrevista con Canal 13, que “hubo un aumento de 0,4% personas con discapacidad contratadas, a un 0,8%”, lo que muestra un avance, pero aún existe una brecha, ya que solo 3 de cada 10 PcD están insertos en el mundo laboral.
Loch explicó que no hay estándares claros sobre la normativa. “Lo que hoy existe va en la dirección correcta, pero deja espacio a la discrecionalidad. Por ejemplo, no hay claridad respecto a la cantidad de capacitaciones que deben realizarse, lo que permite que cada empresa defina su propio nivel de compromiso”, enfatizó.
El desafío en este nuevo año es claro: avanzar en su consolidación real, además de que las organizaciones interioricen que la inclusión no es solo cumplir una norma, sino que, es parte fundamental de la responsabilidad social empresarial de los tiempos actuales.
