Con bombos y platillos, el presidente José Antonio Kast promulgó la Ley Escuelas Protegidas, la que tiene por objetivo enfrentar episodios de violencia en establecimientos educacionales.
La normativa entrega más herramientas y facultades a las comunidades educativas tras conocerse una serie de hechos de amenazas en dichos espacios. Desde el Ejecutivo declararon que las denuncias por maltrato contra adultos ante la Superintendencia de Educación aumentaron un 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695, informó BioBiochile.cl
Entre las medidas —que deben incorporarse a los reglamentos internos— que contempla está la revisión de mochilas y pertenencias (no corporales ni de vestimenta), prohibición de uso de elementos que no permitan la identificación de rostros, facultades del equipo docente de aplicar medidas preventivas, correctivas y disciplinarias, y sanciones ante amenazas e interrupciones.
Aunque en la ley se menciona que estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y/o en situación de discapacidad que sean sometidos a estos procedimientos deberán estar siempre acompañados por algún profesional del Programa de Integración Escolar (PIE) o de convivencia escolar, no ha dejado indiferente a organizaciones y familias de niñas y niños con discapacidad.
¿Dónde está la línea divisoria entre una reacción por crisis y un acto de violencia? En una nota anterior de wazu.cl explicábamos esta situación; sin embargo, según la normativa, esto quedará a criterio del equipo docente sin necesidad de una capacitación y/o investigación previa.
Sumado a que se busca una mayor participación de madres, padres y/o apoderados en materias de convivencia escolar, disciplina y violencia escolar, dejando una puerta abierta a que adultos que no tengan hijas o hijos con discapacidad acusen maltrato de parte de quienes sí sufren desregulaciones, sin un entendimiento ni contexto previo de las circunstancias.
Esta nueva ley deja en manos de cada comunidad la responsabilidad de informarse, mediar y velar por la convivencia entre escolares con y sin discapacidad, sin que desde el Estado les brinden un respaldo ni profesional ni económico para velar por ello, evitando la estigmatización y rechazo a estudiantes en situación de discapacidad, principalmente neurodivergencias.
¿Darán abasto los profesionales de la educación frente a este nuevo desafío que le suman desde el gobierno?
