En la actualidad, solo 1 de cada 4 empresas cumple con la Ley 21015 o más conocida como «Ley de Inclusión Laboral», lo que evidencia una brecha crítica entre legislación y realidad.
Lo anterior ocurriría por la falta de fiscalización, que tendría como consecuencia -si el panorama se mantiene como hasta hoy- que el cumplimiento total de la normativa podría tardar hasta 28 años. Frente a esta situación es que desde Fundación Wazú iniciaron un proceso de socializar la situación y se puedan tomar medidas al respecto. “Nos gusta que exista una normativa robusta que permita avanzar, pero la falta de fiscalización nos tiene con niveles de cumplimiento insuficientes para lo que deberíamos esperar como sociedad”, afirmó Peter Loch, director de la organización.
En primera instancia, desde Fundación Wazú sostuvieron una reunión con la senadora Fabiola Campillai, integrante y ex presidenta de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado, y el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Pedro Goic Boroevic, en la que se expuso la preocupación por el bajo cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral y la urgente necesidad de revisar su
implementación.
Desde la organización advierten que el problema no radica en la ley en sí, sino en su implementación. No se está fiscalizando de manera efectiva, por lo que propusieron, a ambas autoridades, avanzar hacia un modelo que permita pasar de una ley declarativa a una política pública efectiva, basado en tres ejes:
– Fiscalización inteligente, mediante el cruce de datos entre AFC, Dirección del Trabajo, mutualidades y Servicio de Impuestos Internos.
– Multas proporcionales, que hoy podrían generar una recaudación estimada de $181.460 millones, corrigiendo el incentivo actual al incumplimiento.
– Reinversión en inclusión, destinando estos recursos a accesibilidad, empleo y ayudas técnicas.
A lo anterior, desde Fundación Wazú destacan que la inclusión no es solo un imperativo ético, sino también económico. Se estima que los países en desarrollo pierden entre 3 y 7 puntos del PIB por no integrar plenamente a personas con discapacidad.
La senadora Fabiola Campillai valoró la instancia y destacó el aporte de la sociedad civil al debate legislativo: “La reunión que tuvimos fue muy fructífera, logrando conocer las propuestas de la fundación en voz de su director y que sin duda será un tremendo aporte a la discusión parlamentaria, en especial en el debate al interior de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad del Senado. Lo importante de todo esto es que vamos a seguir con estas reuniones, escuchando la opinión de a quienes directamente impactan las políticas públicas”, manifestó la parlamentaria.
Desde Fundación Wazú adelantaron que este encuentro marca el inicio de un proceso de socialización con parlamentarios/as y actores claves, con el objetivo de instalar la necesidad de revisar la ley y acelerar su implementación.
