Ya no es novedad enterarse de que el gobierno de Javier Milei no le teme a nada cuando de discapacidad se trata. Esta semana se supo que nuevamente se dieron de baja pensiones de invalidez que fueron restituidas por orden judicial, sumando a las de la semana pasada un total de 26.141 ayudas estatales sin efecto.
Al respecto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la medida asegurando que las pensiones habían sido entregadas históricamente de manera «opaca, sin controles efectivos. Todo esto se terminó».
Quienes fueron afectados con dicha resolución tendrán 60 días -desde su notificación- para presentar documentación médica actualizada, renovar sus datos o aportar antecedentes que permitan acreditar el beneficio.
Según informó el medio El Litoral, la Secretaría Nacional de Discapacidad abrió otras tres líneas de revisión sobre personas beneficiadas que deberán acreditar documentación o resolver incompatibilidades.
«La primera comprende 7.008 personas intimadas a ampliar sus antecedentes médicos. Tendrán 30 días hábiles para presentar la información requerida. La segunda atañe a 24.263 titulares que, según Salud, perciben otra prestación de ANSES considerada incompatible, por lo que se les otorgará 30 días hábiles para optar por una. La tercera refiere a 3.370 casos con presuntas incompatibilidades patrimoniales, cuyos titulares también contarán con 30 días para aportar documentación», informó el portal trasandino.
Con esto, en las próximas semanas se podría incrementar la cantidad de personas que ya no recibirán su pensión de invalidez.
