Un informe del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai), analizó la normativa respecto al aborto de 13 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay), reveló que todas estas naciones ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin embargo, su implementación es desigual.
En lo técnico, los países mencionados anteriormente reconocen el derecho de decidir sobre prácticas sanitarias, pero persisten modelos de sustitución de voluntad como familiares, tutores e incluso profesionales de la salud toman las decisiones en nombre de las personas con discapacidad.
Lo anterior se agudiza aún más cuando se trata del acceso al aborto, ya que el consentimiento informado –que debería ser claro, comprensivo de decisión libre- no es garantizado por la falta de acceso a dicha información ni tampoco se cuenta con el acompañamiento necesario para las personas gestantes en situación de discapacidad, detalla el informe.
Este panorama es preocupante a la luz de los antecedentes regionales de esterilizaciones forzadas, abortos y uso coercitivo de anticonceptivos en personas con discapacidad, que evidencian la persistencia de modelos de sustitución de la voluntad. En varios países, las normas han permitido la intervención de terceros en decisiones sobre salud sexual y reproductiva, incluso en prácticas irreversibles. Por ejemplo, en Brasil se ha exigido autorización judicial para la esterilización de personas consideradas incapaces, y en Chile, Ecuador, México y Uruguay aún persisten esquemas de decisión por sustitución, informa el sitio La Diaria.com.uy
Otro de los principales obstáculos es la falta de investigación. La nula existencia de datos desagregados de personas con discapacidad limita la creación de políticas públicas al respecto.
En el estudio se evidencia que son tres los focos que prevalecen hasta la actualidad:
- Eugenésico, que considera indeseable la reproducción de personas con discapacidad y justifica intervenciones sobre sus cuerpos.
- Paternalista, que las ubica como sujetos a proteger, negando su capacidad de decisión.
- Capacitista, que parte de la idea de que solo ciertas formas “estándar” de movilidad, de comunicación, de expresión, de percepción, de estar en el mundo son válidas. Todo aquello que sale de lo habitual se considera disvalioso.
Paradójicamente, dichos prejuicios generan un doble estándar. Mientras que a las mujeres sin discapacidad se las estigmatiza por abortar, en el caso de las que viven con discapacidad muchas veces se promueve o justifica la interrupción del embarazo, incluso sin su consentimiento.
«Superar estas limitaciones no depende únicamente de reformas legales. Requiere transformar las prácticas en los sistemas de salud, garantizar accesibilidad en todas sus dimensiones y reconocer a las personas con discapacidad como sujetas plenas de derechos», declara Verónica Carolina González Bonet es consultora para Clacai.
