Mucho se ha mencionado que Chile se encuentra en una crisis de empleabilidad, situación que se acentúa para las personas en situación de discapacidad.
Frente a este panorama es que desde Fundación Luz realizaron una investigación con datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).
Entre los resultados que obtuvieron de este estudio está la estrecha relación entre estudios, grado de empleabilidad e ingresos de este grupo. «La inclusión educativa no debe ser gestionada como un gasto social pasivo, sino como una política de desarrollo que permita aprovechar el capital humano hoy excluido», se menciona en el análisis.
En el grupo etario entre 18 y 59 que vive con alguna discapacidad, 49,2% se encuentra ocupado, 7,3% desocupado y 43,5% inactivo.
Aunque se podría creer que las personas con discapacidad con mayor nivel educacional tendrían mejor empleabilidad en comparación con quienes no tienen una, la verdad es que no: mientras el 81,8% de las personas sin discapacidad tienen trabajo, solo el 51,1% de quienes tienen una discapacidad están trabajando. Evidente brecha a pesar de tener el mismo nivel educacional.
Esta diferencia se agudiza más en niveles educacionales más bajos, ya que un 42,7% de las personas con discapacidad que no completaron su educación media se encuentra ocupada; en el caso de las personas con discapacidad y con el mismo nivel de educación, solo el 17,6% se encuentra ocupada, detalla La Tercera.
La inclusión educativa sería fundamental, tanto para las personas con discapacidad como para el gasto fiscal.
Según el estudio, la inclusión educativa representaría un ahorro de alrededor de $1,82 billones al año si las personas con discapacidad alcanzan un nivel de estudios profesional, esto al disminuir el pago de subsidios.
Además, se destaca que los efectos de ahorro fiscal podrían ser mayores si se consigue la paridad de condiciones entre personas con y sin discapacidad, lo que se traduciría en una inyección de recursos a la economía estimada en $9,4 billones de pesos anuales.
