El cuestionamiento sobre si una persona en situación de discapacidad es capaz o no de tomar decisiones de manera autónoma es algo de lo que muchos no hablan, pero es más común de lo que se piensa. Y esto es lo que le ocurrió a una mujer argentina respecto a la crianza de su hija.
Todo comenzó cuando los padres de la mujer –con discapacidad intelectual de leve a moderada- se enteraron de que estaba embarazada, instante que iniciaron un juicio para determina su capacidad jurídica. Tras años de gestiones, en junio de 2025, el Tribunal determinó suspenderle a la afectada su derecho de crianza de la niña, quedando el cuidado a cargo de sus abuelos.
Este caso deja en evidencia la vulneración de derechos que viven las personas con discapacidad, quienes muchas veces no son consideradas respecto a la toma de decisiones de parte de sus cercanos.
Frente a en situaciones como esta, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Puntualmente, en su artículo 19, donde se “establece el derecho a la vida independiente y la obligación del Estado de garantizar los apoyos que la persona necesite para alcanzar su autonomía”.
El objetivo del proceso al que fue sometida la mujer trasandina era definir qué acciones de la vida cotidiana podía o no ejercer de manera autónoma.
Sometida a distintos peritajes, la Defensoría solicitó que se le otorgaran apoyos para que pudiera maternar a su hija, nacida en 2021, según consignó el medio La Nación.
Frente a ello, Agustín Rivero, el defensor público coadyuvante a cargo de la Defensoría Pública Curaduría N° 4, explicó que “al pedir apoyos para la mujer, no estábamos pidiendo nada descabellado. Todas las personas que ejercen la tarea de criar y cuidar a sus hijos necesitan ayuda en algún momento”.
En el juicio, se determinó que las decisiones respecto a la niña serían de sus abuelos, sin tener que consultarle nada a la madre, y eso no es todo. Además, se le restringió la posibilidad de tomar decisiones básicas sobre su propia economía, como manejar su dinero, cobrar un beneficio previsional, pedir un crédito ni firmar un contrato por sí misma.
Tras esta decisión, la Defensoría sostuvo que la inhabilitación de crianza era “desproporcionada” y que “el fallo era discriminatorio y perjudicial” para la mujer y la menor. Recordando que, según lo dispuesto por la Convención, todas las personas tienen derecho a contar con apoyos y ajustes razonables para llevar adelante las acciones y funciones que hagan a su cotidianidad.
Luego del fallo, se presentó una apelación, la que fue acogida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la que finalmente restituyó el derecho de la mujer a criar a su hija, designando a los abuelos de la niña como apoyo.
La revocación de la decisión marca un hito importante en Argentina, y el mundo, generando conciencia sobre la importancia de fomentar la autonomía de las personas con discapacidad y terminar con la infantilización que les afecta día a día.
